#MetaDatos | Cuatro especialistas en derechos digitales, libertad de expresión y redes sociales opinaron respecto a la regulación de las redes sociales, un debate cada vez más intenso en el contexto actual. Ninguno de ellos se posicionó a favor de la regulación.
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Twitter y Facebook que transparenten cuánto ganan con el mercado negro de los bots y quiénes son sus clientes. A esta solicitud se sumaron otros actores, entre ellos el Senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Los señalamientos pusieron en la mesa el debate de la regulación de las redes sociales. Según el Presidente sería necesario que México pidiera cuentas a las grandes empresas tecnológicas enfocadas a las redes sociales, debido a que en otros países Twitter y Facebook ya realizan acciones transparencia, en tanto que en este país no se solicitan a pesar del abundante mercado negro de bots.
“[…] También para pedirle a Twitter y a Face que nos expliquen cómo es que venden publicidad para bots y además sobre todo que rindan cuentas, que haya transparencia”, observó el Presidente.
El 6 de mayo, Monreal Ávila apoyó la propuesta de exigir transparencia a las redes sociales para saber “quién paga” por difundir desinformación.
“Es previsible que la infodemia (información manipulada) crezca en los próximos días, y las fake news (noticias falsas) se conviertan en deepfakes (información falsa profunda). El antídoto son veracidad y transparencia: saber quién paga, y cuánto, por esparcir la infodemia”, expresó el Senador a través de un tuit.
El jueves pasado, Monreal aclaró en una conferencia virtual que Morena no planea presentar una iniciativa al respecto en el Congreso de la Unión.
“Por qué el pleito con las benditas redes sociales? yo creo que es normal, yo creo que el señalamiento es simplemente por el uso automatizado de bots. Creo que, me parece que, no hay que regularlas, que no hay que legislar en esa materia, que hay que dejarlas libres, y que son instrumentos de interlocución y de manifestación social que mucho ayudan al comportamiento del ciudadano y del servidor público”.
El debate se abrió en dos aspectos, por un lado que las redes sociales no son lo suficientemente transparentes en cuanto a las ganancias que perciben y por el otro, que es necesario que haga público quiénes pagan por campañas negras en sus plataformas.
Pero ni el Presidente, ni Jenaro Villamil, director del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), ni Monreal mencionaron el mecanismo por el que podría requerirse a las redes sociales que observen más transparencia en cuanto a los bots y ganancias económicas.
La unidad de #MetaDatos de SinEmbargo entrevistó a cuatro especialistas en derechos digitales, libertad de expresión y redes sociales respecto a la regulación de las redes sociales, un debate cada vez más intenso en el contexto actual. Ninguno de ellos se posicionó a favor de la regulación.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RIESGO
En entrevista con este medio, Agneris Sampieri, activista integrante de la Red en defensa de los Derechos Digitales (R3D), consideró que la regulación de las redes sociales tiene un alto riesgo de comprometer la libertad de expresión, y alertó que en la medida en que se incrementan los requerimientos a estas empresas, también aumenta su capacidad de control sobre los usuarios.
“No podemos estar exigiéndoles ciertas cosas a las plataformas porque es darles más poder y facultad de intromisiones” dijo la abogada.
Según la especialista, la autorregulación de las plataformas digitales sería un mecanismo más efectivo cuando se busca controlar la influencia negativa de campañas orquestadas con bots, sin embargo, aclaró en el debate se ha desdibujado la naturaleza de aquellas expresiones que se señalan sin un análisis profundo o de manera superficial como automatizadas y que en ocasiones son expresiones con un fundamento legítimo.
Agregó que por la vía legal México no cuenta con elementos para solicitar el control de las campañas negras en la Red, al menos no en los términos que planteó el titular de la SPR.
El miércoles 6 de mayo, Villamil señaló que sería conveniente que Twitter especificara qué cuentas eran parte de estrategias de manipulación en la red, de manera que fuera visible para los usuarios como lo es cuando una cuenta está verificada por la plataforma.
“Lo que aquí creo que importa mucho es que Twitter, la empresa Twitter, haga transparente no solamente los ingresos que tenga, sino que señale al usuario o nos señale a los usuarios; así como verifica cuentas con esa palomita, que también pusiera algún distintivo en donde se señale que esa información o esas cuentas están coordinadas y pagadas”, sostuvo Villamil.
No obstante, la abogada indicó que los señalamientos realizados por López Obrador y Villamil respecto al uso de bots de Twitter deja da lado el aspecto social y se cae en el riesgo de generalizar toda expresión coordinada como parte de una estrategia artificial, cuando esta coordinación en algunas ocasiones lejos de los software de automatización, y corresponde más bien a acciones que buscan expresar un punto de vista de manera muy similar a como ocurriría en el espacio público.
“El tema de los bots es bastante interesante porque no es algo que recaiga directamente en las plataformas, estas no proporcionan servicios de bots, y no es un fenómeno que se origine de facultades que tengan directamente las plataformas, sino que es un fenómeno social y atiende a diferentes intereses y características
«Los bots muchas veces son personas que se coordinan y esa coordinación está a cargo de empresas, está a cargo de personas que pueden tener intereses o fines políticos, y es a través de las propias personas que existe una coordinación con un fin en particular que puede ser atacar a contrarios políticos, el promover o proporcionar esta apariencia de tener una audiencia importante en redes sociales”, planteño la especialista.
Sampieri consideró que no es viable la vigilancia de usuarios, ya que además de que no existe marco legal, las plataformas no cuentan con la capacidad para monitorear la totalidad de actividades que se generan en sus espacios.
“Es por eso que las plataformas no tienen esta capacidad, no pueden ni se les debe de permitir ni exigir que generen capacidad técnica para estar monitoreando las actividades de todas las personas, que además de que es desproporcional y a la fecha técnicamente inviable, también sería muy intrusivo. No existe marco legal en México, ni en el mundo, para señalar a personas”, sostuvo.
Según la especialista las redes sociales el control de la difusión de noticias falsas también presenta aspectos controvertidos, pues la vigilancia concede a la plataformas la atribución de definir qué es verdadero o falso. En este sentido, la regulación ya sea desde las plataformas o desde los gobiernos, siempre tendrá riesgos a comprometer la libertad de expresión.
“Ni Facebook ni Twitter tienen políticas de fake news, porque esto querría decir que les están otorgando la capacidad de ser jueces de la verdad. Muchas veces la propia desinformación proviene de políticos, de personas reales, que nada tienen que ver con bots y que empiezan a difundir noticias falsas o inexactas que podría ser considerada fake news. A la fecha no tendría que ser regulado por las propias plataformas, ni por el Gobierno, porque significa un riesgo para la libertad de expresión, no tenemos jueces de la verdad”, aseguró la abogada.
RIESGO A DAR COMPETENCIA ABSOLUTA AL ESTADO
Vladimir Cortés, Oficial del Programa de derechos digitales de la organización Artículo 19 indicó que es necesario encontrar un equilibrio en cuanto a la regulación de las redes sociales y que esta tendría que estar siempre orientada a la garantía de la libertad de expresión.
Un aspecto importante que subrayó el especialista es que cuando se pone sobre la mesa el debate de la regulación es necesario comprender cómo funciona el ecosistema digital y no concede al Estado la competencia absoluta en el tema.
“ Creo que hace falta tener más entendimiento sobre el ecosistema digital sobre la naturaleza de Internet, sobre el rol que tienen este tipo de empresas de plataformas. Nuevamente no pensar que el ecosistema digital únicamente se rige por lo que el Estado opine o dicte, hay otras voces que es necesario escuchar: la sociedad civil, la academia, que esto no de derive en que el Estado es el único que tiene las atribuciones para poder hacer algún tipo de acción en el entorno digital”, expuso el activista.
Por otro lado, precisó que al Estado si le competería en este casa garantizar que las expresiones que se realizan en las redes sociales sean libres y que se garantice en estos espacios la no discriminación.
“Estaríamos pensando más bien en las obligaciones positivas que tendría que tener el Estado de promover un entorno de comunicación libre, independiente, diverso que contenga la desinformación y la propaganda.
Y que también pueda fomentar por distintas vías la igualdad, la no discriminación la interculturalidad y otros valores democráticos a fin de que se pueda abordar la desinformación y la propaganda”, observó.
EN OTROS PAÍSES FRACASÓ
De acuerdo con Vladimir Cortés, la regulación por la vía legislativa en otros países ha resultado contraproducente y en el caso de México se requiere considerar que existen artículos como el sexto constitucional que garantiza la libre expresión de las ideas.
“En países en los que se ha querido regular a las redes sociales a partir del tema de la desinformación, lo que termina es persiguiendo expresiones que pueden ser completamente legítimas y que pueden utilizarse para silenciar a la crítica, decir que está mintiendo, qué tal medio está difundiendo fake news. Esto puede generar un riesgo importante en términos de persecución a las voces críticas.
«Podría ser en estos términos anticonstitucional por las garantías que establece la Constitución para poder difundir ideas de distinta índole y a partir de los que se establece el marco internacional de los derechos humanos”, consideró el especialista.
RIESGO A QUE SE IMPONGAN NARRATIVAS HEGEMÓNICAS
Fabián Bonilla López, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló a este medio que la regulación de las redes sociales también implica un riesgo en el aspecto comunicativo.
El intentar imponer medidas para controlar lo que se ha interpretado como fake news o desinformación supone también el riesgo de que se impongan una narrativa hegemónica sobre todo en el contexto de la Covid-19.
“En términos de un riesgos de que se imponga una sola narrativa y que a partir de ésta se diseñe estrategias normativas que podrían ser significadas como necesarias en contextos extraordinarios como el actual, pero que podrían vulnerar los derechos más básicos de información y de acceso y uso”, expresó el académico.
RIESGO A LA INVASIÓN A LA PRIVACIDAD
Luis Ángel Hurtado, también académico de la UNAM y director de la agencia Comunicación Política Estratégica, expresó preocupación por el exceso de intromisión que implicaría la regulación de las redes sociales para combatir las acciones nocivas de bots y la propagación de desinformación.
Según indicó, controlar la información que circula en las redes sociales implicaría que se implementaran nuevos algoritmos que identificaran a usuarios que, por dar un ejemplo, coordinan campañas de bots, lo que implicaría trasgredir la privacidad.
«Las redes sociales como empresas tendrías que modificar sus algoritmos para determinar quién o quiénes son los que están construyendo estas tendencias digitales para manipular la opinión pública digital, esto también estaría infligiendo la privacidad de los usuarios», consideró Hurtado Razo.
Si la regulación se ejerciera desde México, existe un problema técnico ya que muchas veces las campañas que se generan en la Red provienen de otros países, donde no tendría efecto la reglamentación.
«Ahora pensando que toda esta desinformación sea construida en México, muchas de las páginas que difunden información falsa muchas veces no se encuentran hospedadas en México sino en otras partes del mundo. Lo cual sería a construir tratados internacionales aludiendo a la regulación de la desinformación», concluyó el académico.
